Práctico 7. Gráfico y mapa sobre ciclo huelguístico y crisis de 1917

 

A.- INTERÉS DEL DOCUMENTO

            En el documento aparecen dos fuentes historiográficas. En primer lugar, observamos un mapa temático, de tipo político y social, dado que muestra las zonas de mayor incidencia de las huelgas agrarias (1918-1921) y focos violentos durante la crisis de 1917 en España. Por otro lado, aparece un gráfico lineal, que refleja número de huelgas en España entre 1905 y 1923 según el Instituto de Reformas Sociales. Los documentos son interesantes en tanto ayudan a comprender el clima de inestabilidad que desembocó en la crisis del sistema de la Restauración.

B.- IDEAS PRINCIPAL Y SECUNDARIAS 

En el gráfico aparece una progresión alcista del número de huelgas durante todo el periodo mostrado. Desde1916 el número de huelgas se dispara como consecuencia del fenómeno inflacionista propio de los efectos de la I Guerra Mundial, así como la influencia de la Revolución Rusa y el auge del sindicalismo (UGT y CNT). En 1919 registra su cenit, para bajar al año siguiente de forma drástica, consecuencia de la aprobación de la jornada laboral de 8 horas, así como de una mayor represión del movimiento obrero.

 En el mapa aparecen reflejadas varias cuestiones:

·   Por un lado, los principales focos huelguistas, donde se aprecia una incidencia desigual, afectando principalmente en Asturias, Vizcaya, Barcelona, Madrid, Alicante, Jaén y Huelva (Río Tinto), lo que revela el triple carácter de esta huelga: urbana, industrial y minera. La huelga, que se había precipitado en Valencia como consecuencia de un conflicto con el sector ferroviario, se extendió y adquirió un tinte violento que fue reprimido duramente por el ejército, especialmente en Madrid (21 muertos) y Barcelona (37 muertos).

·       La huelga precipitó e intensificó un ciclo de agitaciones y huelgas agrícolas entre 1918 y 1921 que coincide con el llamado Trienio Bolchevique, fenómeno que en el campo andaluz tuvo especial incidencia, tal y como aparecen en el valle del Guadalquivir y la costa malagueña, en forma de ocupaciones de tierras y quema de cosechas. 

C.- CONTEXTO HISTÓRICO 

El documento se sitúa en la fase final de la Restauración, cuando la monarquía de Alfonso XIII atraviesa una profunda crisis política y social. Desde el Desastre del 98, el Estado arrastraba una situación financiera muy delicada: la deuda pública era superior a la propia renta nacional y el pago de sus intereses consumía más de un tercio del presupuesto. El sistema tributario seguía siendo atrasado e injusto, basado sobre todo en impuestos indirectos sobre el consumo y las aduanas, mientras los impuestos directos apenas se desarrollaban. El gasto público era muy reducido (en torno al 10% del PIB) y se destinaba prioritariamente a ejército, orden público y pago de la deuda, quedando en segundo plano la educación, la sanidad, la vivienda o las infraestructuras.

El deterioro de las condiciones de vida originó la “cuestión social”, y ante esta situación el Estado comenzó a intervenir, aunque de forma muy tímida. La creación del Instituto de Reformas Sociales en 1903 pretendía estudiar las condiciones laborales y formular propuestas sobre trabajo infantil, jornadas, seguros o vivienda obrera. Más decisiva fue la fundación del Instituto Nacional de Previsión en 1908, que puso en marcha los primeros seguros sociales (jubilación, enfermedad, accidentes). Pese a estos avances, las organizaciones obreras siguieron recurriendo a la huelga y a la movilización para defender sus reivindicaciones.

La neutralidad española en la Primera Guerra Mundial desencadenó un fuerte crecimiento económico. España se convirtió en proveedor de alimentos, materias primas (minería) y productos industriales (siderurgia vasca y textil catalán) para los países beligerantes. El Banco de España acumuló grandes reservas de oro y aumentaron los beneficios empresariales y las exportaciones. Sin embargo, este auge tuvo un efecto social muy negativo, pues los salarios no se ajustaron al incremento general de los precios y el coste de la vida subió entre un 15 y un 20 %, lo que empobreció aún más a las clases populares (obreros y campesinos).

El descenso de los salarios reales explica la intensificación del movimiento obrero y del ciclo de conflictividad social. Las organizaciones sindicales CNT (anarquista) y UGT (socialista) comenzaron a coordinarse. En 1916 convocaron conjuntamente una huelga de protesta contra la carestía de la vida. En marzo de 1917 firmaron un manifiesto exigiendo al gobierno medidas concretas para frenar los precios y mejorar los salarios, bajo la amenaza de una huelga general. Las reivindicaciones obreras combinaban demandas económicas inmediatas (subidas salariales, reducción de jornada y control de los precios) con aspiraciones políticas de democratización del sistema (fin del turno de partidos, ampliación de derechos y libertades).

El estallido de la Revolución Rusa en 1917 tuvo un fuerte impacto ideológico, pues para muchos sectores obreros se convirtió en un modelo de transformación, mientras que para la burguesía y las élites fue un motivo de temor que endureció sus posiciones. En este clima se produjo la huelga general de agosto de 1917, detonada por un conflicto ferroviario en Valencia, pero rápidamente extendida a las principales zonas urbanas e industriales. La huelga, apoyada por el PSOE y la UGT y declarada “revolucionaria”, planteaba objetivos políticos (caída de la monarquía, gobierno provisional y Cortes constituyentes), aunque la CNT se desmarcó. La movilización tuvo una incidencia desigual, ya que fue intensa en Madrid, Barcelona, País Vasco y Asturias, pero escasa en el campo, donde los jornaleros no se sumaron de manera masiva. El gobierno respondió con la declaración de la Ley Marcial y más de dos mil detenciones y duras condenas a los dirigentes socialistas Besteiro y Largo Caballero.

Tras la guerra mundial, la economía española entró en crisis por la caída de la demanda exterior y los problemas de sobreproducción, lo que provocó quiebras empresariales (especialmente en la construcción) y un nuevo deterioro del empleo, lo que agudizó más conflictividad obrera se agudizó entre 1918 y 1921. En las zonas industriales, la CNT reorganizó sus fuerzas en el Congreso de Sants (1918), creando los Sindicatos Únicos de Industria, que apostaban por la negociación directa y por la huelga general revolucionaria. En 1919, la huelga de La Canadiense paralizó el suministro eléctrico de Barcelona y se saldó con importantes conquistas como la readmisión de los trabajadores despedidos, subidas salariales y la jornada de ocho horas, una de las medidas sociales más avanzadas que demostraba la intervención del Estado en la regulación laboral.

En el campo andaluz, el anarcosindicalismo protagonizó el llamado “trienio bolchevique” (1918-1921) marcado por revueltas campesinas, ocupación de tierras y quema de cosechas. Los jornaleros reclamaban el reparto de la tierra, mejores salarios y estabilidad en el empleo frente al poder de los grandes latifundistas.

La respuesta de la patronal y del Estado fue cada vez más represiva. En Barcelona, los empresarios organizaron la Federación Patronal y recurrieron al lockout (cierres de empresas), al fomento de sindicatos amarillos y al uso de pistoleros a sueldo, en un contexto conocido como “pistolerismo”. Figuras sindicales como Salvador Seguí fueron asesinadas, mientras ciertos grupos anarquistas, como Los Solidarios de Durruti y García Oliver, respondieron con atentados, entre ellos el asesinato del presidente del Gobierno Eduardo Dato en 1921. Las autoridades civiles y militares, con figuras como Martínez Anido, aplicaron métodos extremadamente duros, como la “ley de fugas”.

En conjunto, esta situación de enfrentamiento entre movimiento obrero, patronal y Estado contribuyó decisivamente al descrédito del régimen y creó el clima de inestabilidad que facilitaría, pocos años después, la solución autoritaria de la dictadura de Primo de Rivera.