Práctico 2. El manifiesto de Manzanares

2.- MANIFIESTO DE MANZANARES (7 de julio de 1854)

Españoles: La entusiasta acogida que va encontrando en los pueblos el ejército liberal; el esfuerzo de los soldados que le componen, tan heroicamente mostrado en los campos de Vicálvaro; el aplauso con que en todas partes ha sido recibida la noticia de nuestro patriótico alzamiento, aseguran desde ahora el triunfo de la libertad y de las leyes, que hemos jurado defender. Dentro de poco días la mayor parte de las provincias habrá sacudido el yugo de los tiranos; la nación disfrutará los beneficios del régimen representativo [...] Nosotros queremos la conservación del Trono, pero sin camarilla que lo deshonre, queremos la práctica rigurosa de las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la ley electoral y la de imprenta; queremos la rebaja de los impuestos, fundada en una estricta economía; queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y el merecimiento; queremos arrancar a los pueblos de la centralización que los devora, dándoles la independencia local necesaria para que conserven y aumenten sus intereses propios; y como garantía de todo esto queremos y plantearemos bajo sólidas bases la Milicia Nacional [...]. Las Juntas de Gobierno que deben irse constituyendo en las provincias libres; las Cortes generales, que luego se reúnan; la misma Nación, en fin, fijará las bases definitivas de la regeneración liberal a la que aspiramos. Nosotros tenemos consagradas a la voluntad nacional nuestras espadas, y no las envainaremos hasta que ella esté cumplida.

Cuartel General de Manzanares, a 7 de julio de 1854.

El General en Jefe del Ejército Constitucional, Leopoldo O´Donnell, Conde de Lucena.

A.- INTERÉS DEL DOCUMENTO

El texto es un fragmento del Manifiesto de Manzanares, fechado el 7 de julio de 1854. Fue redactado por Antonio Cánovas del Castillo y firmado por el general Leopoldo O´Donnell. Se trata de una fuente histórica primaria clave para entender el inicio del Bienio Progresista (1854-1856) y la crisis del régimen moderado. Además, muestra cómo al ejército como un actor político fundamental en el siglo XIX.

B.- IDEAS PRINCIPAL Y SECUNDARIAS 

La idea fundamental del texto es la justificación, legitimidad y apoyos hacia el pronunciamiento de Vicálvaro expresada al comienzo del texto. Dicho pronunciamiento queda definido como “patriótico alzamiento” en defensa de la libertad, contrario a la tiranía y el mal gobierno y a favor de un régimen representativo. 

Entre las ideas secundarias podemos señalar las aspiraciones y objetivos expuestos, entre los que destacan:  

• La “conservación del trono, pero sin camarillas”. Se defiende así una monarquía constitucional depurada de influencias cortesanas.
• Esta idea anterior enlaza con la regeneración política del país, para ello se hace necesaria una reforma de la ley electoral, así como la promesa de una reforma de la ley de imprenta, como garantía de participación y libertad de expresión.
• La supresión del centralismo de Estado. Se reclama así la autonomía municipal y provincial menos dependiente del poder central, y que estén en manos de los vecinos a través del voto.
• El restablecimiento de la Milicia Nacional como instrumento de defensa de las libertades frente a posibles amenazas internas. La Milicia encarna así la vinculación entre ciudadanía y defensa del orden constitucional.
• Señala una rebaja de impuestos basada en una proporcionalidad progresiva.
• Pide el respeto de la antigüedad y el mérito para acceder a empleos "militares y civiles" evitando la situación de cesantía vivida hasta entonces.
• Se anuncia la creación de Juntas de Gobierno y la convocatoria de Cortes generales para la regeneración política mencionada anteriormente. Estas medidas reflejan una transición ordenada del poder y la voluntad de dotar de legitimidad representativa al nuevo régimen.
• Justifica el uso de la violencia para conseguir los objetivos anteriormente expuestos.

C.- CONTEXTO HISTÓRICO

El texto se enmarca a caballo entre el final de la Década Moderada (1844-1854) y el comienzo del Bienio Progresista (1854-1856).

La década moderada (1844-1854) consolidó el régimen liberal conservador bajo la hegemonía de Narváez, auténtico sostén de la monarquía de Isabel II. El liberalismo doctrinario, reflejado en la Constitución de 1845, estableció una soberanía compartida pero con protagonismo de la Corona, un Senado no electivo, la confesionalidad católica del Estado y derechos limitados por leyes ordinarias, lo que permitió un férreo control gubernamental sobre la vida política y la opinión (Ley de Imprenta, 1845).

Este modelo sirvió a la burguesía terrateniente, que buscaba la estabilidad frente al radicalismo de las clases populares y al carlismo. Para asegurar el orden y la propiedad en el ámbito rural, Narváez creó la Guardia Civil (1844), mientras la Ley de Administración Local (1845) redujo la autonomía municipal y la Ley Electoral (1846) restringió el censo al 1 % de la población, además el habitual fraude electoral (Posada Herrera) convirtió las elecciones en un trámite controlado por el Gobierno.

Junto a su autoritarismo, la etapa mostró un reformismo centralista, ejemplo de ello fue la reforma fiscal de Mon-Santillán (1845) que modernizó la Hacienda a través de impuestos directos progresivos; el Plan Pidal (1845) que organizó la enseñanza; el Código Penal (1848) y el proyecto de Código Civil (1851) que avanzaron en la unificación de códigos; y el Concordato con la Santa Sede (1851) que selló la reconciliación Iglesia-Estado, reconociendo la obra desamortizadora de 1836-1837, así como la legitimidad de Isabel II como reina. Sin embargo, el clientelismo político, la corrupción de las camarillas cortesanas (Sor Patrocinio o padre Claret) y la exclusión de los progresistas minaron progresivamente la legitimidad del sistema.

Frente a este modelo se articuló una oposición plural. Por la derecha, el carlismo, fiel a la monarquía tradicional y al catolicismo, desencadenó la Segunda Guerra Carlista en Cataluña (1847-1849), conocida como la guerra dels matiners. En el otro extremo, el Partido Demócrata, surgido en 1849 de la escisión del progresismo, defendía el sufragio universal masculino, así como la ampliación de derechos políticos y sociales.

Al final de la Década Moderada, el autoritarismo se acentuó desde 1851 con el gobierno de Bravo Murillo (proyecto de constitución en 1852). Tras su cese, la impopularidad del gobierno de Sartorius (1853) generó un clima de creciente malestar entre progresistas, demócratas y moderados puritanos, amén del ejército, preparando el terreno para el pronunciamiento.

El descontento estalló el 28 de junio de 1854, cuando el general Leopoldo O’Donnell se sublevó en Vicálvaro. Pocos días después, el 7 de julio, publicó en Manzanares un manifiesto redactado por Antonio Cánovas del Castillo. Este documento, que combinaba el patriotismo moderado con la regeneración liberal, atrajo el apoyo de las clases populares, que habían formado Juntas en muchas ciudades. La reina se vio obligada a llamar al progresista Espartero, que formó gobierno con O’Donnell como ministro de Guerra. Comenzaba el Bienio Progresista (1854-1856).

El Bienio representó el intento de reformar el sistema isabelino sin recurrir a la revolución. En política institucional, se restauró la Milicia Nacional, símbolo de la soberanía ciudadana; se promulgó una Ley de Prensa más libre y una Ley Municipal que devolvía a los ayuntamientos el derecho a elegir alcaldes; y las Cortes constituyentes elaboraron una nueva Constitución (1856), la llamada non nata, que proclamaba la soberanía nacional, reconocía la libertad de cultos, establecía un Senado electivo y reforzaba la separación de poderes.

En el ámbito económico, el gobierno acometió una profunda modernización liberal favorable a la burguesía urbana y clases medias: La Ley de Desamortización General de Madoz (1855) afectó a bienes del Estado, de la Iglesia, órdenes militares, hospitales, cofradías y sobre todo a bienes comunales y de propios de los municipios, cuyas ventas proporcionaron una fuente para financiar la deuda y las infraestructuras ferroviarias. La Ley General de Ferrocarriles (1855) abrió la construcción de una red radial centrada en Madrid y atrajo grandes inversiones extranjeras, sobre todo francesas. Se autorizó la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias (1856), que estimuló la creación de entidades privadas (Pereire o Rothschild) y culminó en la fusión del Banco de San Fernando y el de Isabel II en el Banco de España. Además, se impulsó la extensión del telégrafo, la mejora de carreteras y el desarrollo minero en Andalucía y el País Vasco.

Sin embargo, las tensiones sociales se agravaron desde la Guerra de Crimea (1854), que provocó un aumento de la inflación (trigo) y en una crisis de subsistencias, que generaron disturbios en Madrid y Barcelona. En julio de 1855, los trabajadores del textil organizaron la primera huelga general de España en Barcelona, reclamando el derecho a la asociación y la reducción de la jornada laboral. Ante esto, el gobierno promulgó una Ley de Trabajo (1855) que reconocía de forma limitada las asociaciones obreras.

La creciente conflictividad desde finales de 1855 tuvo como protagonista a la Milicia Nacional que por su proximidad al Partido Demócrata se levantó a favor de la república en algunas ciudades. Las divisiones dentro del gobierno precipitaron la caída de éste cuando en julio de 1856 O´Donnell dio un golpe de Estado, depuso a Espartero y asumió la presidencia. Tras declarar el estado de sitio y disolver la Milicia Nacional, con el apoyo de la reina disolvió las Cortes el 2 de septiembre de 1856 clausurando el Bienio.

Tras un breve gobierno de Narváez, O’Donnell articuló la Unión Liberal, un partido intermedio entre moderados y progresistas templados o resellados, que gobernó entre 1858 y 1863 (Gobierno Largo). Esta etapa se caracterizó por su estabilidad institucional y un moderado impulso modernizador visible en la Ley de Instrucción Pública de Moyano (1857), y en las grandes obras hidráulicas como el Canal de Isabel II (1858) y el Canal del Ebro. 

En este clima aparecieron los primeros focos republicanos, herederos del ala más radical del progresismo, y los brotes anarquistas y campesinos, como los levantamientos de El Arahal (1857) y Loja (1861), que evidenciaron la persistencia de la desigualdad y la creciente agitación popular.

En política exterior, O’Donnell trató de recuperar el prestigio internacional de España en un contexto internacional imperialista. Dirigió la guerra de África (1859-1860) donde destacó el general Prim (batallas de Tetuán y Castillejos) y gracias a la cual se amplió la presencia española en Ceuta e Ifni (Tratado de Wad-Ras); impulsó la intervención en México (1862); envió tropas a Indochina (1858-1863) en apoyo de Francia, promovió la efímera anexión de Santo Domingo (1861-1865), así como otras campañas en Perú y Chile. Estas expediciones reforzaron el orgullo nacional, pero supusieron un alto coste económico y escasos beneficios reales.

Desde 1863, la monarquía isabelina entró en crisis definitiva. La caída de O’Donnell y el retorno del autoritarismo de Narváez coincidieron con la crisis financiera internacional de 1866, la crisis algodonera por la Guerra de Secesión estadounidense y el estancamiento ferroviario. El descontento popular derivó en protestas y pronunciamientos como la Noche de San Daniel (1865), la sublevación de Prim en Villarejo de Salvanés (enero 1866) y la de los sargentos del cuartel de San Gil (junio 1866). Finalmente, el Pacto de Ostende (agosto 1866), firmado por progresistas y demócratas y al que se unió en 1867 la Unión Liberal con Serrano (Pacto de Bruselas) tras la muerte de O’Donnell, selló la alianza para derrocar a Isabel II y convocar Cortes por sufragio universal. La Revolución de 1868, La Gloriosa, culminó este proceso, poniendo fin al reinado isabelino y abriendo el Sexenio Democrático.