Práctico 3. La construcción del ferrocarril en España

 

A.- INTERÉS DEL DOCUMENTO

Se trata de una tabla y un gráfico de barras, de naturaleza historiográfica y contenido económico, clave para entender el notable retraso de España frente a otros países europeos como Gran Bretaña, Francia o Alemania en el desarrollo de su red ferroviaria.

 

B.- IDEAS PRINCIPAL Y SECUNDARIAS 

 

Los documentos representan la evolución de la construcción ferroviaria en Europa entre 1840 y 1870, en el contexto de la Revolución Industrial. Su contenido refleja el grado de modernización y desarrollo industrial de distintos países europeos (Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y España) a través de la extensión de sus redes ferroviarias. El ferrocarril se convirtió así en uno de los principales indicadores del progreso económico y de la integración de los mercados nacionales.

En cuanto a la tendencia general, el gráfico muestra un crecimiento continuo y acelerado del ferrocarril en toda Europa, pero con diferencias muy marcadas entre los países pioneros en la industrialización y los de desarrollo más tardío. Gran Bretaña parte ya en 1840 con una amplia red, mientras Francia y Alemania experimentan una expansión notable desde mediados de siglo. Italia avanza de forma más tardía, y España presenta un profundo desfase, sin kilómetros de vía en 1840 y con su primera línea inaugurada en 1848 entre Barcelona–Mataró. Aun así, en 1870 supera los 5.000 km, lo que refleja un esfuerzo considerable, aunque insuficiente en comparación con el resto de Europa. Ese avance tardío se debió al impulso legislativo y financiero de la Desamortización de Madoz (1855), la Ley General de Ferrocarriles del mismo año y la Ley de Bancos y Sociedades de Crédito (1856), que atrajeron capital extranjero, sobre todo francés y británico.

Como ideas secundarias, el documento permite valorar tanto las ventajas del ferrocarril con una mayor articulación del territorio, una creación de un mercado interior, el fomento de la industria siderúrgica y minera y el estímulo de la migración campo-ciudad, así como los problemas estructurales tales como el ancho de vía distinto al europeo, el trazado radial centrado en Madrid, la escasez de capital nacional y la dependencia exterior.

En resumen, el documento refleja que España avanzó con retraso en el proceso de industrialización europea, pese al esfuerzo realizado a partir de mediados de siglo, lo que explica su diferencia con los países más desarrollados.

 

C.- CONTEXTO HISTÓRICO

 

Durante el siglo XIX, España inició un proceso de transformación económica que la encaminó lentamente hacia el capitalismo y la industrialización.

A nivel demográfico, la población española pasó de unos 10,5 millones a más de 18 millones a lo largo del siglo XIX, gracias sobre todo al descenso paulatino de la mortalidad, mientras las tasas de natalidad seguían siendo altas. Las mejoras sanitarias, el fin de las crisis de subsistencia y una mayor estabilidad política favorecieron el crecimiento, aunque las epidemias (cólera y tuberculosis) y las guerras siguieron siendo un freno.

Este aumento poblacional impulsó los movimientos migratorios del campo a la ciudad y del interior a la periferia industrial. Madrid, Barcelona y Bilbao se convirtieron en polos de atracción y comenzaron los planes de ensanche urbano, como el plan Cerdà. Sin embargo, la mayoría de los españoles seguía viviendo en el medio rural, lo que mantuvo un fuerte contraste entre el dinamismo urbano y el atraso agrario. La presión demográfica, unida a la falta de empleo, fomentó además la emigración a América desde Galicia, Asturias o Canarias.

A nivel económico, el cambio más importante en el sector primario durante el siglo XIX vino dado con la reforma agraria liberal de Mendizábal (1836), que abolió los señoríos, desvinculó las propiedades y desamortizó los bienes eclesiásticos y comunales, en este último punto conviene destacar la importancia de la desamortización de Madoz (1855). Estas medidas consolidaron la propiedad privada, pero no lograron una distribución equitativa de la tierra, ya que la aristocracia y la nueva burguesía adquirieron la mayoría de los lotes, mientras muchos campesinos se convirtieron en jornaleros o arrendatarios, contribuyendo a la aparición de revueltas agrarias y ocupaciones de tierras.

La producción agrícola creció gracias a la roturación de nuevas tierras dedicadas a los cereales, aceite, vino y cítricos, que encontraron una salida en los mercados europeos. Sin embargo, la falta de inversión e innovación técnica, unido a la particular estructura de propiedad (latifundismo en el sur y minifundismo en el norte), limitaron la productividad, manteniendo una agricultura tradicional y poco competitiva.

Respecto al sector secundario, la industrialización española fue tardía, desigual y concentrada regionalmente. Los factores que lo explican son una débil base de capital, un mercado interior reducido y escasos recursos energéticos.

El primer foco industrial fue Cataluña, donde la industria textil algodonera aprovechó la mecanización y la protección arancelaria para expandirse. A partir de 1833, la introducción de la máquina de vapor redujo costes y estimuló la demanda y la producción, aunque la falta de carbón y la dependencia del algodón de Estados Unidos limitaron su desarrollo entre 1861 y 1865, lo que no evitó una fase expansiva desde 1874 gracias a las colonias industriales.

La moderna siderurgia surgió en la segunda mitad del siglo. Los primeros altos hornos de Málaga o Marbella fracasaron (carbón vegetal). En Asturias, la siderurgia se desarrolló en torno a Mieres y Langreo, aprovechando la hulla local aunque con escasa competitividad. El País Vasco sí logró consolidar un potente polo industrial gracias a la exportación de hierro y la importación de carbón galés (eje Bilbao – Cardiff), dando lugar a grandes empresas como Altos Hornos de Vizcaya (1882), que impulsaron la modernización económica regional (navieras y construcción).

Junto a estos sectores principales se desarrollaron las industrias química (Cros), alimentaria, naval y editorial, especialmente en Madrid y el norte peninsular. No obstante, el país siguió mostrando fuertes desequilibrios regionales: mientras Cataluña, el País Vasco y Madrid avanzaban, el resto de España permanecía anclado en una economía agraria.

El despliegue del capitalismo español se apoyó en la consolidación de la propiedad privada, la liberalización comercial y la creación de un sistema financiero moderno.

Pero su verdadero motor fue el ferrocarril, clave en la integración del mercado interior. La Ley General de Ferrocarriles de 1855 impulsó la construcción de una red radial centrada en Madrid, financiada con capital extranjero, especialmente francés y subvenciones estatales. La primera línea, Barcelona–Mataró (1848), fue seguida por las de Madrid–Aranjuez (1851), Madrid–Alicante (1858) o Madrid–Irún (1864). La crisis de 1866 se vio seguida de una nueva etapa de expansión desde 1873 con nuevas compañías (Norte y MZA). El ferrocarril redujo los costes de transporte, aceleró la movilidad (transportes y mercancías) y facilitó la unificación del mercado nacional, aunque su dependencia de material extranjero impidió un mayor impulso a la siderurgia española.

En paralelo, la minería se benefició de la Ley de Minas de 1868, que liberalizó el sector y permitió la entrada de compañías extranjeras (francesas e inglesas). La explotación del plomo de Linares, el cobre de Riotinto, el carbón asturiano o el hierro vizcaíno generó ingresos, pero la mayoría de los beneficios se dirigieron al exterior.

La modernización económica avanzó de forma irregular y dependiente del exterior. La Reforma Fiscal de Mon-Santillán (1845) buscó racionalizar los impuestos y suprimir privilegios, pero la recaudación siguió siendo insuficiente y el Estado continuó recurriendo a la emisión de deuda pública, lo que absorbió buena parte del ahorro nacional. En el ámbito financiero, la Ley de Bancos y Sociedades de Crédito (1856) modernizó el sistema y permitió la creación del Banco de España y de entidades regionales como los bancos de Bilbao y Vizcaya, esenciales para la financiación industrial.

El proceso de integración económica se vio favorecido por la unificación monetaria con la creación de la peseta en 1868, la implantación del sistema métrico decimal (1849) y la aprobación del Código de Comercio (1829), que facilitaron los intercambios y dieron mayor cohesión al mercado interior. Sin embargo, la limitada capacidad adquisitiva de la población y las deficiencias en infraestructuras impidieron la plena articulación del mercado nacional.

El comercio exterior experimentó un notable crecimiento, orientándose hacia los países industrializados de Europa tras la pérdida del imperio colonial. España exportó vino, aceite, minerales y tejidos, mientras importaba maquinaria y productos manufacturados, lo que evidenciaba su dependencia tecnológica y su atraso industrial.

A finales de siglo, España había avanzado hacia una economía capitalista con importantes transformaciones en el campo, la industria y las comunicaciones, pero con un desarrollo tardío, dependiente y profundamente desigual. Las estructuras heredadas del Antiguo Régimen, la debilidad del mercado interno y la falta de inversión nacional impidieron que la modernización alcanzara la profundidad lograda por las grandes potencias europeas.