Práctico 14. Cambio social y reformas legislativas

 

A.- INTERÉS DEL DOCUMENTO

El documento es un texto jurídico de carácter normativo, concretamente un fragmento de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Su interés radica en que refleja el compromiso del Estado democrático con la igualdad real y efectiva, mostrando cómo las conquistas sociales y los derechos fundamentales se traducen en medidas legislativas concretas dentro del marco del Estado del bienestar.

B.- IDEAS PRINCIPAL Y SECUNDARIAS

La idea principal de texto defiende la necesidad de una acción normativa para combatir la discriminación de las mujeres y promover la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en la sociedad española.

Entre las ideas secundarias destacan:

• La persistencia de desigualdades como la violencia de género, la discriminación salarial y la desigualdad en pensiones.
• La escasa presencia de mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica.
• Las dificultades de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar.
• La igualdad plena entre mujeres y hombres sigue siendo una tarea pendiente.
• La necesidad de eliminar obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzar la igualdad.
• La igualdad se presenta como un derecho de las mujeres y como un beneficio para el conjunto de la sociedad.
• La ley apuesta por la prevención de conductas discriminatorias y por políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad.

C.- CONTEXTO HISTÓRICO

El texto se sitúa en el proceso de construcción del Estado del bienestar en la España democrática, iniciado tras la aprobación de la Constitución de 1978, que definió a España como un Estado social y democrático de Derecho. La Constitución reconoció un amplio catálogo de derechos y libertades fundamentales (igualdad ante la ley, libertad ideológica, de expresión, reunión y asociación) y estableció que los poderes públicos debían promover las condiciones para que la igualdad fuese real y efectiva, sentando así la base jurídica del posterior desarrollo de las políticas sociales. La consolidación del sufragio universal, la pluralidad política y la alternancia en el poder reforzaron el marco democrático desde el que se abordaron los principales problemas sociales heredados del franquismo.

Durante los primeros años de la democracia, con los gobiernos de la UCD (1977-1982), se inició la normalización institucional, la legalización sindical y la extensión de derechos laborales básicos. Sin embargo, fue a partir de 1982, con la llegada al poder del PSOE de Felipe González, cuando se consolidaron los pilares del Estado del bienestar. En el ámbito educativo, la LODE (1985) reguló el derecho a la educación y la red de centros públicos y concertados, mientras que la LOGSE (1990) amplió la escolarización obligatoria y gratuita hasta los 16 años, reforzando la igualdad de oportunidades mediante becas y ayudas al estudio. Posteriormente, nuevas reformas educativas (LOE en 2006, LOMCE en 2013 y LOMLOE en 2020) reflejaron el debate permanente entre calidad, equidad y cohesión social.

Otro avance fundamental fue la creación de una sanidad pública universal, culminada con la Ley General de Sanidad de 1986, que garantizó el acceso a la atención médica con independencia de la renta. Paralelamente, se reforzó el sistema de Seguridad Social, ampliando las pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad, así como las prestaciones por enfermedad y accidente. La protección por desempleo, tanto contributiva como asistencial, se convirtió en una herramienta clave para hacer frente al paro estructural y a las crisis económicas posteriores.

Las políticas sociales se ampliaron también a los servicios sociales, con atención a personas mayores, dependientes o en riesgo de exclusión. Un hito relevante fue la Ley de Dependencia (2006), que reconoció derechos de atención a personas dependientes y sus familias, en respuesta al envejecimiento de la población y a las desigualdades en los cuidados. En el ámbito de la vivienda, se desarrollaron programas de vivienda protegida y ayudas públicas, aunque con resultados desiguales.

La democracia trajo consigo una profunda ampliación de derechos civiles y sociales. El divorcio, legalizado en 1981 durante el gobierno de Calvo Sotelo, supuso un avance en libertades personales. Ya en el siglo XXI, los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero impulsaron reformas clave como la Ley Integral contra la Violencia de Género (2004), la Ley de Igualdad (2007) y la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo (2005), además de la regulación del aborto, ampliando los derechos reproductivos de las mujeres. Estas leyes respondieron a problemas sociales persistentes como la discriminación, la desigualdad de género y la violencia machista, reforzando el papel del Estado como garante de derechos.

En el ámbito laboral, se consolidaron el derecho a la negociación colectiva y a la huelga, junto con mejoras en jornada, vacaciones y prevención de riesgos laborales. La integración de España en la Comunidad Económica Europea en 1986 contribuyó a modernizar el marco social y laboral, aunque también implicó ajustes económicos y tensiones sociales. Desde finales del siglo XX, la llegada de población inmigrante planteó nuevos retos, a los que se respondió mediante políticas de integración y acceso a servicios básicos.

En conjunto, desde 1978 la democracia española ha construido progresivamente un modelo de bienestar, basado en derechos, políticas sociales y libertades civiles, que ha permitido mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y avanzar hacia una sociedad más igualitaria, plural y cohesionada, pese a las crisis económicas y a los debates políticos sobre su alcance y sostenibilidad.