Práctico 11. Represión. Mujeres rapadas

 

A.- INTERÉS DEL DOCUMENTO

El documento corresponde a una fotografía histórica publicada en L’ Illustration, “La Guerre Civile en Espagne” donde aparecen cuatro mujeres rapadas en Oropesa (Toledo) en diciembre de 1936. El contenido de la fotografía es político-social, y es una fuente clave para entender la represión franquista contra las mujeres durante la Guerra Civil y la dictadura franquista bajo los valores del nacionalcatolicismo.

B.- DESCRIPCIÓN E IDEAS

En la fotografía podemos apreciar cuatro mujeres rapadas (Prudencia Acosta, María Antonia de la Purificación, Antonia Juntas, Antonia Gutiérrez), una de ellas sujetando a un niño en sus brazos. La imagen se relaciona con la represión franquista, especialmente en la retaguardia y zonas conquistadas por el bando sublevado, donde el rapado del pelo, las violaciones, así como las purgas con aceite de ricino fueron frecuentes en el mundo rural. Por otro lado, las ejecuciones fueron también frecuentes, como ejemplo valga la ejecución de las llamadas “Trece rosas” en agosto de 1939.

Por otro lado, hay que señalar que muchas de estas mujeres formaron parte de la población reclusa, donde se habilitaron prisiones, siendo el antiguo fuerte de Victoria Grande, en Melilla, la primera de ellas. A estas siguieron Zamora, Málaga, Les Corts en Barcelona, Saturrarán, en Guipúzcoa y la cárcel de Ventas en Madrid, siendo ésta la más masificada de todas ellas.

La finalidad de la imagen es propagandística, tratando de desalentar cualquier movimiento subversivo por parte de la población. Su significación social reside en mostrar cómo el franquismo no solo eliminó al adversario político, sino que impuso también una moral autoritaria y patriarcal como parte de su proyecto de la “nueva España”.

C.- CONTEXTO HISTÓRICO

La imagen se sitúa en el contexto de la Guerra Civil española (1936-1939) y la posguerra, remitiendo a las consecuencias del conflicto y a la instauración de la represión del régimen franquista contra los vencidos.

Las consecuencias humanas de la guerra fueron devastadoras. Se calcula que el conflicto provocó en torno a 500.000 muertos entre ambos bandos y unos 400.000 heridos en operaciones militares. A ello se sumó una represión sistemática tras el final de la guerra: los presos políticos superaron los 300.000, y entre 35.000 y 50.000 personas fueron ejecutadas en los años posteriores. Esta sangría afectó especialmente a población joven y activa, lo que contribuyó a un descenso de la natalidad y a un profundo trauma psicológico colectivo, marcado por el miedo, la persecución y la imposición de los valores de los vencedores. Junto a ello, se produjo una amplia depuración de funcionarios y profesionales, especialmente en el ámbito educativo y administrativo.

El exilio constituyó otra consecuencia fundamental. Cientos de miles de españoles se refugiaron en Francia y México, y en menor medida en la URSS (niños de Asturias y País Vasco) y otros países iberoamericanos. La situación de los exiliados en Francia se agravó con la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y muchos acabaron en campos de concentración alemanes. El exilio supuso una pérdida irreparable para la vida cultural e intelectual española, al marcharse científicos, catedráticos, escritores y artistas.

En el plano económico, la guerra dejó un país arruinado. La destrucción de infraestructuras, la caída de la producción agraria (en torno al 20 %) e industrial (30 %), el endeudamiento derivado de la ayuda alemana e italiana y el envío a la URSS de más de 500 toneladas de oro del Banco de España lastraron la recuperación. La renta per cápita no se recuperó hasta 1952, y los años cuarenta estuvieron marcados por el hambre, la escasez y la miseria, agravadas por la política autárquica del régimen.

En el nuevo Estado franquista, los terratenientes, el ejército y la Iglesia se consolidaron como los principales grupos de poder, mientras surgía la figura del excombatiente, recompensado con empleos públicos y ventajas económicas.

Desde el final de la guerra, el régimen franquista puso en marcha una represión institucionalizada, destinada a eliminar cualquier forma de oposición. La Ley de Responsabilidades Políticas (1939) y la Ley de Represión del Comunismo y la Masonería (1940) permitieron castigar de forma retroactiva a quienes hubieran apoyado a la República desde 1934. Se multiplicaron los consejos de guerra, y una parte importante de la población reclusa fue enviada a Batallones de Trabajadores o Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, utilizados como mano de obra forzada. La represión tuvo un carácter ejemplarizante, con el objetivo de sembrar el terror y asegurar el control social, y se acompañó de confiscaciones de bienes y de una amplia depuración laboral.

Pese a ello, existió una oposición al franquismo, especialmente significativa durante el primer franquismo (1939-1959). En el exterior, el exilio republicano mantuvo viva la legalidad republicana, con la formación de un gobierno en el exilio y la celebración de Cortes en México. En el interior, la oposición fue débil y duramente reprimida, destacando la actividad clandestina del PCE, del PSOE y de la CNT, así como la actuación del maquis, que entre 1944 y 1950 desarrolló acciones guerrilleras en distintas zonas, siendo la más conocida la ocupación del valle de Arán. Tras su fracaso, el PCE abandonó la lucha armada en 1948.

A partir de la década de 1950, y con mayor intensidad desde los años sesenta, la oposición se diversificó. Surgieron huelgas ilegales, como la de los tranvías de Barcelona en 1951, y aparecieron movimientos obreros vinculados a sectores católicos, como la HOAC. Desde 1960 crecieron las protestas obreras y estudiantiles, con la creación de Comisiones Obreras (1964) y la consolidación de un movimiento estudiantil contrario al sindicato oficial. También surgieron movimientos vecinales y sectores críticos dentro de la Iglesia, especialmente tras el Concilio Vaticano II, así como grupos disidentes en el ejército, como la Unión Militar Democrática.

La oposición política se reorganizó en estos años, con el fortalecimiento del PCE y del PSOE, la aparición de nuevas formaciones de izquierda y la revitalización de los nacionalismos periféricos. Paralelamente, el régimen mantuvo la represión hasta el final, creando en 1963 el Tribunal de Orden Público y llevando a cabo procesos y ejecuciones que evidencian la continuidad de la violencia política, como los casos de Julián Grimau, el Proceso de Burgos, Salvador Puig Antich o las últimas ejecuciones de 1975. Todo ello muestra que la dictadura franquista se sostuvo hasta su final mediante la represión, la ausencia de libertades y el control sistemático de la disidencia.