Práctico 12. Constitución de 1978

 

A.- INTERÉS DEL DOCUMENTO

El texto es un fragmento de la Constitución española de 1978 aprobada en referéndum el 6 de diciembre del mismo año por las Cortes españolas. Es una fuente histórica de carácter jurídico importante para comprender la vuelta a la democracia tras la dictadura franquista, en continuidad histórica con los principios democráticos de la Segunda República.

B.- IDEAS PRINCIPAL Y SECUNDARIAS

MODELO A (AGRUPACIÓN DE ARTÍCULOS POR TEMAS)

La idea principal del texto es la definición de España como un Estado social y democrático de Derecho (art. 1), así como la forma del Estado como una monarquía parlamentaria (art. 3). 

Entre las ideas secundarias destacan, por un lado, aquellas cuestiones relativas a la soberanía nacional (art. 2), así como a la participación política de los españoles mediante el sufragio universal (art. 23.1), pudiendo elegir a sus representantes políticos de manera libre y plural (art. 6) que les representaran en las Cortes Bicamerales representadas en el Congreso y el Senado (art. 66.1) 

En segundo lugar, destacan aquellos artículos que ponen de manifiesto la sed de derechos y libertades expresada en el texto constitucional, así se reconoce la libertad ideológica y religiosa (art. 16.1), de expresión y opinión, así como de cátedra entre otros (art. 20.1), aunque quizás el artículo más reconocido sea el 14, donde señala la igualdad jurídica y legal de todos los españoles. 

Por último, cabe hablar de la organización territorial, dado que señala la integridad y unidad territorial de la Nación, donde tendrán cabida y reconocimiento las nacionalidades y regiones (art. 2), que pondrán constituirse en Comunidades Autónomas (art. 137) que se guiarán a nivel normativo por sus Estatutos de Autonomía (art. 147.1). Llama la atención sobre el principio de cumplimiento de las Comunidades Autónomas respecto al marco jurídico constitucional y la posibilidad de adoptar medidas por parte del Gobierno en aquellas comunidades que atenten contra el interés general de España, así como contra la Constitución (art. 155). 

MODELO B (DESGLOSE DE ARTÍCULOS)

La idea principal del texto aparece en el artículo 1, donde se define el modelo político surgido tras la Transición: un Estado social y democrático de Derecho, basado en la soberanía del pueblo y en valores como la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, con una monarquía parlamentaria como forma de gobierno.

Entre las ideas secundarias, podemos destacar en cada uno de los artículos expuestos lo siguiente:

·       En el artículo 2, se afirma la unidad de España como principio esencial del nuevo sistema, pero al mismo tiempo se reconoce el derecho de las nacionalidades y regiones a constituirse en Comunidades Autónomas, dentro del marco de solidaridad territorial.

·       En el artículo 6, los partidos políticos son considerados elementos clave del sistema democrático, ya que canalizan la participación ciudadana y deben organizarse de forma interna respetando los principios democráticos.

·       En el artículo 14, la igualdad ante la ley queda consagrada como derecho fundamental, sin que puedan admitirse discriminaciones por motivos personales, sociales o ideológicos.

·       En el artículo 16, el Estado garantiza la libertad de pensamiento, religión y creencias, y se establece como no confesional, es decir, sin religión oficial.

·       En el artículo 20 se protege la libertad de expresión en todas sus formas: opinión, creación artística, investigación y comunicación, dentro del respeto a los límites legales.

·       En el artículo 23 se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a participar en la vida política mediante elecciones libres, periódicas y por sufragio universal.

·       En el artículo 41, se establece el compromiso del Estado con la protección social, especialmente en situaciones de necesidad como el desempleo, mediante un sistema público de Seguridad Social.

·       En el artículo 66, se define el papel de las Cortes Generales como representantes de la soberanía nacional, encargadas de elaborar y aprobar las leyes del Estado.

·       En el artículo 77, se admite que los ciudadanos puedan dirigirse al Parlamento por escrito para expresar peticiones, aunque no mediante concentraciones o manifestaciones dentro de las Cámaras.

·       En el artículo 137, el modelo territorial se basa en la descentralización: municipios, provincias y Comunidades Autónomas gestionan sus asuntos con autonomía.

·       En el artículo 147, cada Comunidad Autónoma debe tener un Estatuto propio, que será reconocido como parte del sistema legal general del Estado.

·       En el artículo 155, si una Comunidad Autónoma incumple sus obligaciones o pone en riesgo el interés general, el Gobierno central puede intervenir para restaurar la legalidad.

C.- CONTEXTO HISTÓRICO 

La Transición española fue el proceso político mediante el cual España pasó de la dictadura franquista a un sistema democrático entre 1975 y 1982, aunque su núcleo fundamental se sitúa entre la muerte de Franco y la aprobación de la Constitución de 1978. Se trató de una transformación compleja, condicionada por la herencia autoritaria del régimen anterior, la presión social a favor de las libertades, el temor a una involución violenta y la necesidad de alcanzar amplios consensos políticos.

Tras la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975, fue proclamado rey Juan Carlos I el 22 de noviembre, conforme a la Ley de Sucesión del franquismo. En un primer momento, el monarca mantuvo como presidente del Gobierno a Carlos Arias Navarro, quien incorporó a algunos ministros reformistas, como Manuel Fraga Iribarne o José María de Areilza, pero mantuvo una línea básicamente continuista, reflejada en leyes restrictivas sobre reunión y asociación. Esta falta de apertura provocó una creciente contestación social y política.

En este contexto, la oposición antifranquista, integrada por socialistas, comunistas, democristianos y nacionalistas, se coordinó en la llamada Coordinación Democrática, que reclamaba un proceso constituyente, libertades democráticas, amnistía política y elecciones libres. Paralelamente, se intensificaron las movilizaciones sociales y laborales, especialmente en Cataluña, Madrid y el País Vasco, donde destacó la huelga general de Vitoria en 1976, reprimida con dureza.

Ante el bloqueo político, el rey, apoyado por figuras clave como Torcuato Fernández Miranda, forzó la dimisión de Arias Navarro en junio de 1976 y nombró presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, hasta entonces ministro secretario general del Movimiento. Suárez asumió la tarea de pilotar una reforma política desde las propias instituciones del régimen, con el objetivo de neutralizar a los sectores inmovilistas y atraer a la oposición democrática.

El instrumento decisivo fue la Ley de Reforma Política, que reconocía los derechos fundamentales, establecía la soberanía popular y preveía un sistema parlamentario bicameral elegido por sufragio universal. Pese a suponer la desaparición de las Cortes franquistas, la ley fue aprobada por estas y ratificada en referéndum el 15 de diciembre de 1976, con un respaldo del 94 % de los votos, lo que otorgó una fuerte legitimidad popular al proceso.

A lo largo de 1976 y 1977 se aprobaron medidas fundamentales para la democratización: amnistía política, libertad sindical, derecho de huelga y legalización progresiva de los partidos políticos. La legalización del Partido Comunista de España en abril de 1977, tras los asesinatos de los abogados laboralistas de Atocha, fue uno de los momentos más delicados del proceso, al provocar una fuerte oposición de sectores del ejército, pero consolidó la credibilidad democrática del gobierno.

Las elecciones generales del 15 de junio de 1977, las primeras libres desde 1936, dieron la victoria a la UCD, seguida del PSOE y del PCE, y permitieron la formación del primer gobierno democrático de la posguerra, presidido por Adolfo Suárez. Las nuevas Cortes asumieron como tarea prioritaria la elaboración de una Constitución democrática.

El proceso constituyente se desarrolló bajo la llamada política de consenso, que buscaba integrar a todas las fuerzas políticas relevantes para evitar fracturas irreversibles. Para ello se creó una Ponencia constitucional representativa, formada por diputados de UCD, PSOE, PCE, Alianza Popular y las minorías nacionalistas catalana y vasca. El resultado fue un texto de carácter progresista y deliberadamente flexible, fruto del compromiso entre posiciones ideológicas muy diversas.

La Constitución de 1978, aprobada por las Cortes y ratificada en referéndum el 6 de diciembre, estableció los pilares del nuevo sistema político: la soberanía nacional, una monarquía parlamentaria, la separación de poderes, el sufragio universal, un amplio catálogo de derechos y libertades y la definición de España como un Estado social y democrático de Derecho. Uno de sus aspectos más relevantes fue el reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, que dio lugar al Estado de las Autonomías, permitiendo la creación de Comunidades Autónomas con competencias propias.

Todo este proceso político se desarrolló en un contexto de grave crisis económica, derivada de la crisis del petróleo de 1973, que provocó inflación, aumento del paro y desequilibrios exteriores. Para garantizar la estabilidad social y evitar que la crisis pusiera en peligro la transición, el gobierno y la oposición firmaron los Pactos de la Moncloa en octubre de 1977, que combinaron medidas de ajuste económico con reformas fiscales y sociales, contribuyendo a reforzar el clima de consenso.

Tras la aprobación de la Constitución, la democracia se fue consolidando, aunque no sin dificultades. Las elecciones de 1979 volvieron a dar la victoria a la UCD, pero el gobierno de Suárez se mostró cada vez más debilitado por las divisiones internas, la presión del terrorismo y el desgaste político. En este contexto, Suárez presentó su dimisión en enero de 1981.

La fragilidad del sistema quedó de manifiesto con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero y apoyado por sectores militares, que fue abortado gracias a la intervención del rey en defensa del orden constitucional. Dos días después, Leopoldo Calvo Sotelo fue investido presidente del Gobierno y continuó el proceso democrático con medidas como la Ley de Divorcio, la entrada de España en la OTAN y la regulación del proceso autonómico.

Finalmente, las elecciones generales de octubre de 1982, con la victoria del PSOE, marcaron la plena consolidación del sistema democrático y el cierre definitivo de la Transición iniciada tras la muerte de Franco.